El encuentro entre representantes de un sector de la empresa privada y funcionarios del gobierno, realizado recientemente, lejos de ser un buen augurio para el crecimiento económico es una señal que debe alertarnos sobre la profundización de las medidas neoliberales que pueden poner en riesgo derechos humanos fundamentales como el agua y el medio ambiente. Los empresarios insisten en obtener facilidades para sortear requisitos legales que les impiden su desarrollo económico, en detrimento del desarrollo social.
Según los informes difundidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales – MARN- del 1 de junio de 2019 a la fecha, se han autorizado permisos ambientales que permiten la inversión de más de 1,400 millones de dólares; pero se ha omitido revelar el tipo de proyectos o inversiones que las empresas avaladas desarrollarán en el país, pese a que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica – MNFM y otras organizaciones del movimiento social, hemos solicitado información pública sobre el tema.
Privilegiar el otorgamiento de permisos ambientales a las empresas sólo para atraer inversión extranjera directa, sin tomar en cuanta la fragilidad ambiental y sin medir consecuencias ambientales, puede constituir un arma de doble filo, e incluso colocar al Estado salvadoreño en una condición proclive a ser demandado de nuevo ante tribunales como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI , como ocurrió en el año 2009 cuando la transnacional minera Pacific Rim / Oceana Gold interpuso una demanda ante el CIADI donde se exigía el pago de 250 millones de dólares, por no concederle los permisos para la explotación de minas en el país.
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