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Miércoles, 7 Enero, 2015 - 08:40
“Impunidad vigente”
Comunidades del departamento de Cabañas y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteraron hace un par de semanas su demanda de justicia por los asesinatos de ambientalistas antimineros, que permanecen impunes 5 años después.
Los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera fueron asesinados en 2009, en el contexto de una tenaz resistencia comunitaria contra los proyectos de la transnacional Pacific Rim-Oceana Gold que pretendía extraer metales preciosos del subsuelo nacional.
Marcelo Rivera –ambientalista, docente y promotor cultural– dirigía la lucha antiminera en el municipio de San Isidro. Fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Por estos crímenes fueron condenados algunos autores materiales, pero nunca se investigó la autoría intelectual.
Mientras que Ramiro Rivera y Dora Sorto fueron asesinados en diciembre del mismo año en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque. Dora Sorto tenía 8 meses de embarazo. Estos casos están también impunes.
A éstos se suman atentados contra otros ambientalistas y líderes comunitarios de la zona, así como también amenazas de muerte contra miembros de Radio Victoria, emisora comunitaria que informó sobre posibles daños de la explotación minera y acompañó la resistencia comunitaria contra esos proyectos.
Las amenazas contra personal de Radio Victoria, incluso, fueron del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el país, el gobierno brindó protección a las víctimas pero nunca se conoció resultado alguno de las investigaciones fiscales y policiales.
Sobre la autoría intelectual de estos crímenes, organizaciones de Cabañas y la Mesa frente a la Minería han pedido al Fiscal General que investigue a Rodrigo Chávez Palacios, procesado actualmente por descuartizar a una persona y esparcir las partes de su cuerpo por distintos puntos de San Salvador.
Chávez Palacios era vicepresidente de Pacific Rim y su máximo representante en el país, cuando fueron asesinados los ambientalistas en Cabañas. Pero el Fiscal Luis Martínez aún no ha respondido a la solicitud de investigarlo como posible autor intelectual de esos crímenes.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) respalda el llamado de hacer justicia. La PDDH pide que estos casos no queden impunes e insta el Estado salvadoreño a que valore la necesidad de proteger a los defensores del medioambiente y de los derechos humanos.
