Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denuncia acto de impunidad en Cabañas y advierte sobre nuevos crímenes contra ambientalistas
El pasado lunes 15 de marzo, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dejó en libertad a Óscar Menjívar, un activista de la empresa minera Pacific Rim, poseedor de un largo historial de agresiones contra opositores a la explotación minera en Cabañas.
Entre los crímenes de Menjívar destacan el intento de agresión a Nelson Ventura, promotor de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), en abril de 2008; lesiones con arma blanca a Santos Rodríguez, poblador de Trinidad, en mayo del mismo año; y un atentado contra Ramiro Rivera Gómez, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, el 7 de agosto de 2009. Por este último crimen se le procesó judicialmente, pero fue absuelto esta semana.
A pesar de las pruebas que confirman a Menjívar como uno de los atacantes de Rivera, el juzgado en cuestión optó por dejar impune el atentado donde el ambientalista recibió ocho impactos de bala. Rivera fue finalmente asesinado el 20 de diciembre de 2009, y los autores materiales e intelectuales de este crimen ni siquiera han sido identificados.
La decisión del referido tribunal constituye un condenable acto de impunidad que no sólo impide la aplicación de justicia, sino que también podría motivar nuevos atentados y asesinatos de opositores a los proyectos mineros en Cabañas. Por tanto, es válido responsabilizar al Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque y al Sistema Judicial por las consecuencias de dejar en libertad a un matón de Pacific Rim.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa su más profunda preocupación por la prevalencia de la impunidad en Cabañas, y hace un llamado a las autoridades correspondientes a acatar la exhortación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Comunidad Internacional, que han demandado justicia en reiteradas ocasiones.
Este hecho ratifica la necesidad impostergable de aprobar una ley que prohíba la minería de metales y plantea la urgencia de que el Gobierno del Cambio ordene a las empresas mineras abandonar el país cuanto antes, para eliminar la causa de la conflictividad en Cabañas que ya costó la vida a cinco personas, entre ellas tres opositores a la minería.
A pesar de la inaceptable resolución del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, el juicio evidenció –y quedó registrado en el expediente del caso- que los conflictos familiares y comunitarios en las zonas de interés minero se deben a la presencia de Pacific Rim.
San Salvador, 18 de marzo de 2010.
