Por 13 años Vidalina Morales y otros activistas promedio ambiente han realizado una lucha constante contra una empresa minera canadiense/australiana que amenaza sus comunidades en el norte de El Salvador.

Es un activismo que le ha valido amenazas y triunfos a Morales, quien esta semana llegó a Los Ángeles para recibir el Premio de Justicia Ambiental por parte de la organización comunitaria CARECEN en representación de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

 

Fue en 2004 cuando comunidades de los departamentos de Chalatenango y Cabañas – donde reside Morales – se dieron cuenta que Pacific Rim/Oceana Gold estaba explorando el terreno para iniciar labores de minería metálica, que ellas consideraban dañaría los ríos y las tierras.

 

Eso lanzó a Morales a esta causa, convirtiéndose en presidenta de la Asociacion de Desarrollo Económico Social Santa Marta  que es parte de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador.

 

“El Salvador es un país con problemas serios de medio ambiente. Es el país más deforestado después de Haití en América Latina”, subraya Morales.
Así que enfrentar a la empresa minera – que ya estaba instalada en el país y solo esperaba el permiso para iniciar operaciones – era apremiante.

 

Al mismo tiempo estos departamentos enfrentaban dos megaproyectos que atentaban contra sus comunidades: una planta incineradora de desechos hospitalarios y un relleno sanitario donde 22 alcaldías iban a depositar su basura muy cerca de un río.

“El tema de la minería era un tema totalmente desconocido”, dijo Morales, quien añadió que se tuvo que “concientizar a la población” sobre la amenaza que representaba.

Toda esta lucha en pro del medio ambiente les representó amenazas y – según ella – hasta la muerte.

 

Tres líderes comunitarios que presionaban en contra de estos proyectos fueron asesinados en 2009: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto.

Ley contra la minería

Sin embargo, el sufrimiento tuvo frutos.

El gobierno detuvo el proyecto de la minera, que demandó al estado en tribunales internacionales. El caso duró siete años y le costó al gobierno salvadoreño $13 millones de dólares, pero fue favorable para ellos y la empresa tuvo que pagar $8 millones de dólares.

Más importante aún, en marzo de este año se logró que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara una ley que prohíbe la minería metálica en el país.

Sin embargo, la lucha continúa.

“La empresa sigue estando presente en nuestro departamento, pese a la decisión gubernamental. Es una situación muy grave para nosotros que hemos denunciado en muchas ocasiones. No tienen ninguna razón para estar en nuestro país”, denunció Morales, quien dice que ellos también se mantienen firmes en contra de la minería metálica en El Salvador.