Centroamérica, 26 de mayo 2016 SIGNIS ALC).- El equipo de monitoreo y análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, integrado por organizaciones defensoras de DDHH en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador, condenó la conflictividad que genera en Centroamérica los megaproyectos de inversión y las industrias extractivas.
En un pronunciamiento público llegado a la redacción de SIGNIS ALC, las organizaciones apuntan que estas actividades extractivas ocasionan "graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía".
Según denuncian, "El derecho de consulta es omitido deliberadamente, el acceso al agua y la conservación de la vivienda es amenazada, los territorios indígenas son usurpados, los derechos laborales vulnerados, y el medio ambiente es afectado".
En el comunicado se señala que "Aparte de los impactos ambientales, sociales y económicos que generan las industrias extractivas y mega proyectos, existe una nueva modalidad que está perjudicando a los países de la región, a saber: las demandas nacionales e internacionales hechas por las transnacionales contra los Estados para obtener réditos millonarios sin ningún tipo de inversión".
Luego de detallar las consecuencias que estas industrias extractivas generan en cada país de la región centroamericana, consideraron preocupante "que los diferentes gobiernos de la región centroamericana continúen otorgando licencias de exploración y explotación minera, y al desarrollo de megaproyectos de inversión a sabiendas de las graves violaciones a los derechos humanos y la conflictividad que lo generan.
Los parlamentos de Centroamérica deben de derogar la legislación que permite la exploración y la explotación minera, con el propósito de proteger los derechos humanos de la ciudadanía; y promover leyes que de forma definitiva prohíban dicha actividad".
En el documento se condena también "la represión de la protesta social en Honduras realizada en el marco de exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, violaciones de derechos humanos derivadas de la imposición de mega proyectos de inversión. Además, el gobierno de Honduras debe de acceder a conformar un organismo internacional que investigue los asesinatos cometidos contra ambientalistas, entre los que se enumeran el de Berta Cáceres y Nelson García, con el propósito de que los familiares de las victimas sepan la verdad y obtengan justicia y reparación".
Lea aquí el comunicado íntegro
Redacción: SIGNIS ALC
