Entrevista en Voces

Desde junio de 2014, que fue cuando se discutieron y aprobaron 92 artículos de la Ley General del Agua, no ha sido retomada la discusión de la Ley. La actual composición de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa aún no despega en su trabajo legislativo. Saúl Baños, Coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y miembro del Foro del Agua, hace una reseña del estado en que se encuentra la discusión de la referida Ley.

Mirna Salinas

¿En qué estado se encuentra actualmente la discusión legislativa en torno a la Ley General de Aguas?

En marzo de 2012 el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, presentó su proyecto de Ley General de Aguas, ese proyecto fue el resultado de un proceso de consulta ciudadana en el que hemos participado. Luego, en marzo de 2013, la Asociación de Regantes presentó su propuesta de Ley, la cual fue apoyado por la ANEP, de hecho, fue incluida en el documento que esa gremial empresarial hizo pública en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada –ENADE- 2014.

Hace ya más de un año, en junio de 2014, al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa del período 2012-2015 fueron discutidos, y digamos aprobados preliminarmente, un poco más de 90 artículos del proyecto de Ley. Ya no se pudo avanzar pues no hubo mayores acuerdos en cuanto a la creación del Consejo Nacional del Agua –CONAGUA-. La propuesta era que esta entidad esté adscrita financieramente a la Presidencia de la República y conformada por titulares de seis ministerios, un representante de universidad, otro de asociaciones comunitarias, otro de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador –COMURES-, otro de ANDA, y uno de la empresa privada.

El CONAGUA tendría tres atribuciones: aprobar el Plan Nacional Hídrico, resolver conflictos sobre el uso del recurso y aprobar sus normas. En la propuesta del Gobierno, la autoridad que tiene mayores facultades operativas es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En cambio, la ANEP ha propuesto la creación de una autónoma con atribuciones en el proceso de autorizaciones para el uso y exploración del agua, con la participación de gremiales agropecuarias, industriales y turísticas. Esto es lo que fue planteado en el ENADE en un borrador de la Ley sobre Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

Según esta propuesta, la directiva de la Autoridad Hídrica estaría conformada por representantes de asociaciones gremiales agropecuarias, industriales y turísticas, además de ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, COMURES, y universidades.

Esta autoridad resolvería conflictos por el uso del agua, aplicaría la ley y sus reglamentos, regularía y controlaría autorizaciones para exploración y uso del agua.

Prácticamente, la propuesta de la ANEP lo que promueve es la creación de un asocio público privado, pero con conformación y participación en la toma de decisiones mayoritariamente con representantes provenientes de sectores privados. Incluso, las universidades privadas tendrían participación en esa Autoridad, tal cual ha sucedido en otras entidades creadas en el país. En estas aparentes pequeñeces es donde hay que estar atentos, pues las universidades privadas del país, en su mayoría, están asociadas y acuerdan la selección de sus representantes que no siempre tienen intereses colectivos. Esto, sumados a representantes de gremiales agropecuarias como CAMAGRO, industriales como la ASI, y turísticas como CASATUR, que están plegadas hacia intereses privados y empresariales, crearían una entidad con capacidad mayoritaria para decidir en beneficio de ciertos sectores.

Definitivamente, estas propuestas demuestran que las prioridades en el uso del agua son distintas, puesto que la empresa privada pretende generar la seguridad jurídica e institucional para sus intereses; en cambio, las organizaciones sociales y comunitarias lo que buscamos es la seguridad hídrica de toda la población, especialmente de los sectores menos favorecidos social y económicamente.

¿Existen otros puntos clave que han generado discusión y desencuentros al momento de la discusión legislativa en relación a la Ley General de Aguas?

Además de la discusión sobre la autoridad reguladora, ha habido otros temas que no han posibilitado el avance en la aprobación de la Ley; no obstante, poco a poco se ha ido avanzando.

Por ejemplo, el plazo para el otorgamiento de permisos generó mucha discusión, ya que la empresa privada ha propuesto que para los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos se otorguen para períodos no menores de 10 años y no mayores de 20 años, con posibilidad de prórroga. En cambio, la propuesta del Gobierno planteaba permisos de no más de un año para la exploración y no más de 10 años para las autorizaciones de aprovechamiento del recurso hídrico. Ante esos dos extremos, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático acordó un plazo no mayor de 15 años para el aprovechamiento del recurso hídrico, con la posibilidad de renovación de tales permisos.

Otro tema que fue muy discutido fue el de cobro de cánones. La empresa privada pujó porque se creara un Fondo Nacional de Agua –FONAGUA-, para realizar inversiones necesarias para la sostenibilidad de los recursos hídricos, a través de su recuperación, conservación y mejoramiento. El 70% de los ingresos al Fondo serían del fruto del cobro de cánones cobrados por las autorizaciones y permisos relacionados a los recursos hídricos.

La propuesta del Gobierno es que lo percibido sean destinados al Fondo Ambiental de El Salvador –FONAES- para programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente sobre gestión de recursos hídricos, medición y monitoreo del ciclo hidrológico, inventario de usos, usuarios, recursos hídricos, contratación de personal, entre otros.

Otro tema que ha sido muy discutido es el de las autorizaciones, que tiene que ver con los permisos ambientales. La ANEP ha sostenido que sería necesario el permiso para la exploración de aguas subterráneas y que se prohibirá cuando sea reserva, área protegida, haya sobreexplotación o interferencia con otros pozos o ecosistemas. Plantea que los permisos se concedan siempre que estas infraestructuras hídricas no pongan en riesgo las estructuras de otros usos previamente autorizados, la geografía de la zona, o que se produzcan vertidos contaminantes fuera de norma.

En cambio, la propuesta del Gobierno sostiene que para tener permisos de aprovechamiento del agua se debe presentar permiso ambiental, dictamen técnico de estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, o en su defecto, la resolución de no requerimiento de elaboración de estudio de impacto ambiental.

Desde mi criterio personal, la propuesta de la ANEP en cuanto a la exploración de aguas subterráneas no ha considerado la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, en cuanto a que la explotación de recursos del subsuelo deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Esta resolución se dio en el marco de la producción energética por medio de vapor; creo que por analogía podría aplicarse los mismos argumentos para la explotación del agua subterránea.

Otro tema muy sensible para los empresarios fue el de las infracciones y multas. La empresa privada propuso multas de 1 a 50 salarios mínimos para infracciones leves, de 51 a 200 salarios mínimos para infracciones graves, y 201 a 500 salarios para infracciones muy graves. En cambio el Gobierno ha sugerido multas de hasta 20,000 salarios mínimos mensuales. En este mismo tema, se ha diferido en quién es la autoridad que imponga tales multas, por su lado los empresarios sugieren que las impongan organismos zonales de cuenca; en cambio el Gobierno sugiere es crear un tribunal sancionador.

Definitivamente acá, la intención de los empresarios es que las multas las imponga un ente con muy poca autoridad, la cual posiblemente pueda ser muy influenciable.

¿Existen condiciones político institucionales para la aprobación de la Ley?

Creemos que el punto clave que no permite que la discusión para la aprobación de la Ley avance es lo referido a la autoridad rectora. La apuesta de los empresarios, de su gremial, es controlar esa entidad para así verse favorecidos. El hecho que insistan en una mayor representatividad de sus gremiales y de instituciones que ellos dominan es una muestra de ello; por el contrario, su propuesta pretende dar la menor participación a entidades estatales. Definitivamente, la situación actual de la relativa desregulación del sector hídrico les sigue favoreciendo.

Nuestra expectativa era obtener un dictamen favorable de la composición de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea del período 2012-2015 y que ésta aprobara la Ley. No obstante, eso no fue posible por el entrampamiento que se dio por las posturas inflexibles de los diputados de derecha que representan los intereses de los empresarios. Además, porque desde finales del 2014 hasta el 30 de abril de 2015 la atención y los esfuerzos de las organizaciones sociales se centraron en lograr la ratificación del artículo 69 de la Constitución que permitiría darle rango constitucional al Agua y a la alimentación. Al final, tampoco se logró por la oposición de los diputados y diputadas de los partidos Arena, PCN y PDC.

En la nueva legislatura que inició en mayo de este año, hubo algunos cambios de diputados y diputadas en la Comisión de Medio Ambiente; entraron algunos nuevos y salieron otros con mayor conocimiento de los temas que se venían discutiendo; ello como que ha vuelto el trabajo más lento. Ya han manifestado a qué temas van a dar prioridad, dentro de los cuales está la discusión de la Ley General del Agua; sin embargo, no ha sido retomada con la intensidad con que se hizo en la legislatura pasada.

Creemos que los empresarios no van a renunciar a sus propuestas, y tampoco los diputados que los apoyan. Como organizaciones sociales menos lo vamos a hacer. Seguiremos luchando porque el agua sea vista como un derecho humano, como un derecho común y no como una mercancía.

Es necesaria y urgente la ratificación del artículo 69 de la Constitución, así como la aprobación de la Ley General del Agua. Igualmente lo es la creación de la institucionalidad que dé cumplimiento a esa normativa. De muy poco sirve haber avanzado en la discusión y aprobación de los 92 artículos de la Ley, si se ha entrampado en lo que atañe a la Autoridad. Eso es clave, los empresarios lo saben, por eso no ceden, pero nosotros también.