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Según los defensores sociales, los abogados del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial que dirime el caso de la empresa minera canadiense Pacific Rim contra El Salvador, “a veces ni siquiera conocen los países donde se dan los problemas, sino que sólo se basan en los argumentos de las empresas transnacionales y los abogados defensores”, cuestionó Edgardo Mira, de CEICOM.
Desde el punto de vista jurídico, político y social existen suficientes argumentos para que el Estado salvadoreño salga con una resolución favorable, evitando un perjuicio millonario que pagaría la misma población salvadoreña, pero dudan y están a la expectativa de qué pueda suceder porque afirman que “el CIADI fue creado para defender los intereses de las transnacionales, su proceder histórico ha sido la protección y defensa de dichos intereses y hay que tener en cuenta ese aspecto”.
Las organizaciones sociales están expectantes, tienen dudas y temor de la resolución que dé el CIADI en septiembre próximo, porque pese a todos los elementos demostrativos que tiene el gobierno, hay también posibilidades que se pueda emitir una resolución a favor de la minera Pacific Rim.
Según los líderes organizacionales, este proceso -a raíz de una resolución del tribunal- se está llevando a cabo en este momento solo amparándose en la Ley de Inversiones de El Salvador, ya que consideró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no era aplicable en este caso.
A pesar de ello la empresa minera quiso engañar al CIADI presentándose como una empresa estadounidense para poder efectuar la demanda amparándose en el TLC, pero fue refutada esa petición ya que Pacific Rim es canadiense.
Por esta razón consideran que cualquier acuerdo comercial de inversiones debe regirse por leyes y tribunales salvadoreños, en tanto que estos pueden ser más coherentes con los intereses y necesidades del país. Para ellos, los tribunales extranjeros sólo tomarán en cuenta los intereses económicos por sobre los daños o afectaciones a un pueblo.
Como hay un contexto de varias demandas es importante que el Estado salvadoreño analice si es conveniente y necesario que el país sea parte del CIADI, que es un instrumento utilizado para dirimir conflictos económicos entre empresas y Estado.
Por eso, señalan, es oportuno reflexionar y denunciar ese tipo de instrumentos y tratados que vuelven más vulnerables al país frente a las grandes empresas comerciales. Las organizaciones señalaron que tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo debe discutir a la brevedad posible la prohibición de la minería metálica en El Salvador para evitar futuros intentos de invertir en dichos rubros que son nocivos para los intereses del país y también evitar futuras demandas.
Según la Mesa Nacional Frente a la Minería, unas 12 empresas han desarrollado exploración minera en el norte del país contaminando más los mantos acuíferos y atentando contra la salud de los pobladores de los sitios donde se realiza dicha actividad, por lo que demandan que se ponga los derechos del pueblo salvadoreño por sobre los intereses comerciales de las transnacionales.
La agrupación social confía y cree en la representación de la Fiscalía General de la República y el abogado defensor de los intereses de El Salvador que lleva el caso en los Estados Unidos.
Este pronunciamiento se realizó en el marco de la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se lleva a cabo un juicio ético y moral sobre el actuar de empresas como Shell, Chevron, Glencore y la minera Pacific Rim (hoy Oceana Gold) por violaciones a los derechos humanos cometidas en todo el mundo.
El Tribunal examinará los casos que demuestran que el actual marco legal de negocios y derechos humanos de Naciones Unidas, que se basa en directrices voluntarias y no en obligaciones legales, es insuficiente para hacer frente a los continuos abusos de las empresas multinacionales.
Los casos que se presentarán claramente describen como el cumplimiento de dicho marco legal se ha traducido en violaciones sistemáticas al derecho de acceso a la justicia.
La industria minera será juzgada por los graves casos de la minera canadiense/australiana Pacific Rim/Oceana Gold en El Salvador.
